EL PRECIO DE LA EDUCACIÓN
Colombia tiene 32 universidades públicas a lo largo de su territorio las cuales brindan y dan la oportunidad de que cientos de estudiantes puedan formarse en diversas carreras a un muy bajo precio, actualmente, la educación superior se encuentra en una problemática profunda que afecta directamente a miles de personas, al menos, según Caracol Radio 25 de estas universidades llevan 20 días de paro nacional.
Año tras año las universidades públicas permiten el ingreso de más estudiantes, sin embargo, el presupuesto que a esta se les brinda no ha aumentado significativamente por más de 10 años ya que, con la Ley 30 de 1992, se estipula que el dinero para la educación varía según el Índice de Precio al Consumidor (IPC), de este modo, no se tiene en cuenta las múltiples variables que exigen un mayor ingreso presupuestal, por ejemplo: el aumento en la cantidad de estudiantes de la universidad, los incentivos salariales a profesores a medida que aumentan su formación académica o que aumente la producción científica, el mantenimiento a las instalaciones, la necesidad de innovar en materia de pedagogía, investigación y herramientas tecnológicas audiovisuales.
La falta de recursos ha generado que los estudiantes alrededor del país deban hacer un cese a sus actividades y a través de distintas manifestaciones pacíficas (como las realizadas el 10 y 31 de octubre) exijan un derecho tan importante como lo es la educación de calidad. Con un paro aún indefinido muchas universidades están al borde de una cancelación de semestre si no se logra entablar un acuerdo entre estas y el Gobierno Nacional a través de las mesas de negociaciones. A pesar de que el gobierno ha decidido subir el presupuesto nacional dirigido a las universidades públicas este aún no es suficiente para cubrir todos las demandas requeridas solamente para lograr culminar el año estudiantil. Podemos evidenciar que el problema de la educación superior pública no es actual, se ha venido acumulando con el paso de los años y se puede afirmar que ha venido en detrimento debido a la mala investigación y la falta de análisis de consecuencias en la creación e implementación de la Ley 30 de 1992. El gobierno no puede seguir considerando este problema como insignificante y tratar de ¨solucionarlo¨ con presupuestos que no garantizan la cobertura necesaria, de lo contrario, con el paso de los años la situación empeorará. Estamos hablando de cerca de 3,2 billones de pesos que solicitan las universidades para poder cumplir el pago de los profesores y demás gastos administrativos.
Sin duda alguna, una vez más nos vemos enfrentados ante una falta de control estatal y ciudadano que repercute en la calidad y debido funcionamiento de un servicio y derecho público tan importante como la educación. Es evidente que en Colombia la interventoría y la auditoría son precarias, tenemos que aprender, como país que los problemas se solucionan de raíz y que nos evitaríamos muchas inconformidades si se implementa un control previo, durante y posterior a la actividad que se realice con bienes públicos.
Imagen tomada de El Espectador.
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